ACTA DE LO EXPUESTO POR EL STP-CSGU ANTE LA «COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA»

SUBCOMISIÓN DE AUDIENCIAS DE LA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA

(Sesión celebrada el día 23 de setiembre de 2022).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, queda abierta la sesión.

(Son las 10:05).

–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a los representantes de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, señores Daniel Machado, Jorge Scotto y Damián Ortiz.

El mecanismo establecido por la comisión es otorgarles veinte minutos para exponer y luego los compañeros senadores podrán hacerles preguntas.

SEÑOR ORTIZ.- Buenos días.

Vamos a usar una muy pequeña parte del tiempo para exponer algunas cuestiones sobre la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, porque días pasados estuvimos en contacto con los compañeros del Sindicato Uruguayo de Trabajadores de Laboratorios de Análisis Clínicos, Sutlac. 

Sí vamos a utilizar gran parte del tiempo para hablar del correo, porque coincide que quienes estamos hoy aquí somos trabajadores postales.

Con respecto al planteo de la confederación queremos decir que, en términos generales, desde la ley de presupuesto aparece de manera muy fuerte toda una situación que es real sobre el tema de los trabajadores públicos y el presentismo. Por estatuto se establece que los dirigentes sindicales, más allá de la utilización de las horas sindicales, tienen que trabajar; esto es, deben disponer de un puesto y un lugar asignado en los lugares –y hay que ser muy claros en esto– en los que se den las condiciones. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por uno de nuestros sindicatos, porque la empresa dice que va a violar la ley. Estoy planteando el caso de una empresa privada y, aunque sé que este no es el ámbito apropiado para exponer su situación, simplemente lo comento.

Una de las cuestiones que ya existe dentro de los entes es el sistema de retribución variable, algo que arrancó por 2007 en DGI y después el segundo fue el correo. Nosotros entendemos que cuando un trabajador pide parte médico hay dos profesionales, que son médicos, que lo terminan firmando y lo certifican: el médico actuante y, después, el de salud pública, que es el que corrobora que esa patología existe. Nos parece que una de las cosas que se podría hacer –fue un tema que se habló y que, seguramente existe, porque tampoco somos como la avestruz–, sin que el Estado tenga que hacer otro tipo de gastos, es modificar el sistema de retribución variable: quitarle una tercera parte –que ya está presupuestada y que hoy se cobra– y que se coloque en términos de presentismo. Las fórmulas no son tampoco tan complejas y llegado el momento no hay problema en explicarlas. Esto está dirigido, más que nada, al trabajador que todos los días va a trabajar para que pueda cobrar esto. Tampoco se verían afectados los compañeros que tengan patologías que existen en la actualidad o cuestiones normales y naturales como es el embarazo.

                Después, otro tema que para nosotros es importante es que se pueda modificar el tema del 3 por 1 dentro del Estado. Se están haciendo contratos que, si bien son de función pública –esto se está dando, sobre todo, en el INAU; hablamos con compañeros que trabajan allí–, no son los que conocemos generalmente, es decir, donde después de cierto período el funcionario pasa a ser presupuestado –en caso de quedar encaminado y cumplir con los objetivos–, sino que existen otro tipo de contratos como el de los talleristas que, desde nuestro punto de vista, son precarios. Ya con el decreto de marzo de 2020 se eliminaron un montón de vacantes en el Estado, por lo que las que están habría que cubrirlas en un cien por ciento. 

                Otro tema que también es importante para nosotros, es la modificación que se hizo a la ley de quebranto en la ley de presupuesto. Esto perjudica a muchos trabajadores que, al momento de negociar sus salarios en convenios colectivos, se colocaba el tema del quebranto como una retribución, un premio por el buen trabajo, por decirlo de alguna manera, más allá de que tiene otra finalidad, pero esta es la realidad.

                ¡Ni qué hablar que estamos preocupados por la situación de los trabajadores de AFE que van a pasar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas! Nosotros entendemos que         –conociendo la situación de AFE y de estos trabajadores–  habría que buscar la manera de encaminar una designación efectiva en ese lugar o que el Estado se pronuncie a los efectos de saber cómo van a quedar. Digo esto porque puede pasar que estos trabajadores vayan por un tiempo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y cuando quieran regresar a AFE su tarea ya no exista. Esta es una de las preocupaciones que tenemos.

Con respecto al correo –está en otro documento; toma los partes médicos y algún elemento más–, para nosotros es importante remarcar una situación que allí se da. Nos fundamos en el año 2015 –en aquel momento, éramos solo 8 compañeros los que dimos el paso y generamos otra organización– y hoy, en 11 departamentos, somos el sindicato mayoritario; tenemos 300 y pico de afiliados. Lamentablemente, lo que prima en el correo son los desafiliados a cualquier organización. Las razones son múltiples, pero nos parece que no es lo mejor abordarlas en este momento porque estamos acotados en tiempo. Lo que sí quiero contar es un hecho que nosotros como sindicato denunciamos: bajo una falsa consigna se perdieron un montón de clientes dentro del correo. En aquel momento, 2018, planteamos la posibilidad de generar un ámbito donde participen todas las organizaciones –en el correo hay dos organizaciones sindicales: la mayoritaria y la minoritaria– para que, junto con la empresa, se pudieran recuperar ciertos clientes y generar un acuerdo. De esta forma, se trabaja sobre esos clientes sin generar dificultades para que se dé el proceso natural de cualquier tipo de correspondencia. Si a alguien le parece que esto es un invento nuestro, tenemos que recordar que no. Esto ya se practicó cuando había un solo sindicato en el correo; estaba el querido compañero Cacho Matto, militamos con él y supimos estar en su agrupación hasta el día que dejó de existir físicamente. Recuerdo que nosotros cuidamos al BPS, inclusive en el conflicto de 2004 –fue el conflicto más grande en la historia del correo que nosotros vivimos; en el 1996 hubo otro, pero este fue muy significativo–, porque fue un cliente que consiguieron los trabajadores. Nosotros sabemos que si «dejamos el cachón»       –como se dice vulgarmente–, le damos la posibilidad a los privados de meterse dentro del mercado postal. Y, en definitiva, eso que conseguimos los trabajadores después se lo terminamos regalando a los privados. Entonces, en ese marco, nosotros planteamos una mesa de diálogo y un acuerdo para mantener lo que se consiga. ¿Por qué planteamos esto? Porque nosotros ahora, en esta rendición de cuenta –lo planteamos en la Cámara de Representantes, nos hemos reunido con algunos senadores; lamentablemente, no con todos–, queremos que para el correo venga el 30 % de la correspondencia.  Sabemos que hay varias personas que lo están planteando: la otra organización y también el directorio del correo, porque nos ha hecho alguna mención al respecto. Más allá de quién lo plantee, lo importante es encontrar una solución a un organismo del Estado que, lamentablemente, tiene un déficit importante. Entendemos que la manera de reducir ese déficit y de mejorar las condiciones laborales y salariales en el correo es con más trabajo. Por eso les venimos a pedir a ustedes, los senadores –repito, esto ya lo hicimos en la Cámara de Representantes–, que el 30 % de toda la correspondencia del Estado pueda ir al correo. Hay que recordar que en el primer Gobierno del Frente Amplio se logró lo de las facturas, que fue un cambio importante. Sin embargo, con todos los aspectos informáticos que hay hoy por hoy, se ha reducido. Entonces, se debería utilizar al correo no solo para la correspondencia, sino también para la parte de los archivos, ya que cuenta con el archivo de la documentación, por los propios procesos postales que existen. El Estado podría ahorrar dinero utilizando al propio Estado, valga la redundancia.

En este marco –se lo hemos manifestado en más de una oportunidad al directorio del correo–, venimos reclamando desde hace cinco años una reestructura con respecto a los radios del cartero, porque se modificó el convenio colectivo en 2016 y nos cambiaron la carga horaria. Sin embargo, no hubo una modificación de esos radios. A su vez, debemos hacer los ajustes necesarios para que el correo pueda estar en mejores condiciones. No estamos pidiendo que exploten a los trabajadores, nosotros queremos seguir trabajando en el mismo lugar –en algunos casos, hace aproximadamente 30 años que estamos–; hay mucha sangre y sudor puestos en la calle de compañeros que se han movilizado para que el correo pueda seguir existiendo, más allá de las muchas ofensivas que ha habido a lo largo de su historia. Entendemos importante que desde el Parlamento se dé una señal clara para defender a la empresa pública y para que nosotros tengamos más trabajo.

Entonces, es lo que venimos a solicitarles.

SEÑOR SCOTTO.- Fundamentalmente, entendemos que el cambio del mercado postal deja al correo en una situación precaria, es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. 

Sin embargo, sabemos que el correo también puede dar mucho a la sociedad uruguaya en general. Por ejemplo, lo demostró en la pandemia cuando se repartieron los medicamentos a la gente que estaba en su casa. Esa fue una propuesta de los trabajadores al directorio y, por suerte, se pudo implementar. Creo que fue beneficioso para mucha gente, pues lo comenta cuando nos ve en la calle. Creemos que de esa manera el correo tiene mucho más para brindar a la sociedad. 

Quiero recalcar lo que dijo el compañero: nosotros no venimos a pedir que se siga metiendo más dinero en el correo, lo que queremos es más trabajo. Por eso insistimos en ese tema: que se dedique una parte de la correspondencia estatal al correo. Nosotros podemos seguir funcionando y brindando ese servicio a la sociedad. 

No quiero extenderme, pero me parecía que era importante recalcar ese punto.

SEÑOR MACHADO.- Soy el presidente del sindicato de trabajadores postales.

Si bien los compañeros expresaron todo lo que había que volcar sobre la mesa, hago un llamado de atención a ustedes respecto a la importancia que tiene fortalecer nuestro Correo Uruguayo, y la única manera de poder hacerlo es teniendo más trabajo. 

Para nosotros es muy importante poder recuperar la cartera de clientes que hemos perdido. Como manifestó el señor Damián Ortiz, en 2018 se perdió esa cartera en base a una consigna que se llevó adelante en una medida de lucha. Esa cartera se terminó perdiendo porque los clientes buscaron otra opción. Fue un conflicto muy duro que se prolongó durante dos años. 

Queremos pedir que puedan llevar este planteo adelante para fortalecer nuestro correo y dar una mano al Estado en ese plan de ahorro que se quiere llevar adelante. 

Muchísimas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Agradecemos su presencia y el aporte.

El planteo concreto que ustedes nos hacen es ese 30 % de los envíos. Hemos tenido entrevistas con algunos representantes de los gremios del correo y, además, creo que está dentro de las opciones que el directorio del correo en su conjunto maneja como una opción posible. Tengo entendido que los miembros del Gobierno están de acuerdo y de la oposición también. 

En ese sentido, obviamente, valoramos el peso de la simbología del correo. También recuerdo perfectamente lo que significó el tema de poder repartir las facturas de las tarifas públicas, con el desafío que ustedes tienen, y todos, en todos los campos de lo tecnológico, que eso va más allá de algunas medidas políticas concretas que podamos tomar hoy; porque la tecnología no nos espera y nos interpela todos los días.

En nuestro caso, vamos a analizar este asunto. 

En la jornada de hoy estamos terminando de recibir a todas las delegaciones que han solicitado audiencia. En el caso del Frente Amplio, no lo hemos considerado todavía en la bancada, pero es una de las opciones que entiendo que, si hay acuerdo, se debería impulsar. Lo digo para que les conste por lo menos mi posición, pero todavía no hemos resuelto colectivamente, ni sabemos la posición mayoritaria, porque eso se sabrá la semana próxima. 

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En lo personal, me parece que el reclamo es muy justo e incluso habrá que ver los caminos a seguir.

SEÑOR ORTIZ.- Simplemente quisiera hacer un comentario y, antes que nada, agradecer las palabras de los señores senadores  y el tiempo que nos están brindando.

                Una cuestión que hemos remarcado a cada uno y la repetimos muchas veces, no porque no se vaya a comprender, sino porque así lo sentimos. Nosotros no solo venimos a pedir trabajo, sino que venimos a comprometernos a que ese trabajo salga, y salga bien, porque tenemos recursos humanos importantes dentro del correo.

                Hablábamos afuera con los compañeros de un hecho que pasó y que para nosotros es relevante. A veces, cuando como decimos, «nos sacamos el balde», podemos ver un poco más lejos, y eso creo que nos pasa a todos.

                En muchos lugares del interior, como por ejemplo en Artigas, que fue el impulsor de todo esto, nos ha pasado que compañeros que, sin importar la organización sindical a la que pertenecen, como entienden que todos somos trabajadores –idea que compartimos–, salieron juntos a decirle a los gobernantes de ese departamento, con la plataforma de cada una de las organizaciones, que quieren trabajar y tener más trabajo.

                Muchas veces se dice que, como trabajador público, pasa tal o cual cosa, pero sin embargo hay mucha gente del Estado que quiere trabajar, que le importa el trabajo y que le importa que el Uruguay esté lo mejor posible. En definitiva, es lo que nos queda. Como decían los compañeros, sabemos que, como pasó en la pandemia, hubo sectores como el de la salud que estuvo en la primera línea, pero nosotros con nuestras limitaciones también pudimos ayudar a sostener algo que nos parecía que era y que fue muy difícil. 

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda les agradece la presencia en la mañana de hoy.

(Se retiran de sala los representantes de la

Condeferación Sindical y Gremial del Uruguay)

(Ingresan a sala los representantes de COFE).

SEÑORA PRESIDENTA.- La subcomisión de audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada  con  la de  Hacienda del  Senado da  la  bienvenida  a los representantes de COFE –Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado–, integrada por los señores José Luis López, secretario general; Martín Pereira, presidente; Iris Fregossi, integrante del consejo directivo; Aidemar González, también integrante del consejo directivo y Daniel Ochs, asesor.

                Como ustedes saben, tienen veinte minutos para hacer su exposición. Luego los señores senadores harán las preguntas.

                Sin más, les damos la palabra.

SEÑOR LÓPEZ.- Buenos días. Agradecemos a la comisión por habernos recibido.

                Como ustedes saben, desde COFE representamos a toda la Administración central y a gran parte de los servicios descentralizados.

                A lo largo del debate parlamentario de la rendición de cuentas hemos venido planteando algunos aspectos que nos preocupaban del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, tales como algunos puntos vinculados con las condiciones de trabajo de los diferentes sectores de la Administración central y de los organismos descentralizados, particularmente con respecto a algunas cuestiones que hacen a la precariedad de los vínculos laborales que tiene el Estado.

                También hemos planteado nuestra discrepancia con todo lo que tiene que ver con el nuevo régimen de certificaciones médicas que el Poder Ejecutivo quiere imponer, que ha sufrido algunas variaciones en la discusión llevada adelante en la Cámara de Representantes. Reconocemos que ellas mejoran el proyecto, pero consideramos que ese proyecto de ley sigue siendo nocivo para los intereses de los trabajadores. Entendemos, fundamentalmente, que no va a modificar lo planteado por el Poder Ejecutivo. Nos referimos a las situaciones endémicas de licencias prolongadas y a situaciones de trabajadores que no han hecho buen uso de esas licencias médicas. Por lo tanto, también queremos detenernos un poco en ese punto vinculado a las licencias médicas.

Además, tenemos que decir que en estos últimos días hemos tenido algunas negociaciones e intercambios con el Poder Ejecutivo –que después van a desarrollar los compañeros que me acompañan– y entendemos que si, en definitiva, esos acuerdos a los que llegamos en la negociación se plasman concretamente en artículos –fundamentalmente vinculados a la reestructura y al tema de la regularización de contratos precarios– que ingresen a esta rendición de cuentas, creemos que sería un avance sustancial que se sumaría.

En esto también debemos hacer mención al acuerdo al que, en definitiva, pudimos llegar con el Poder Ejecutivo antes de que entrara la rendición de cuentas al Parlamento, vinculado a la recuperación del salario que, en definitiva, lo que va a hacer es que los trabajadores de la Administración central y servicios descentralizados al final del período de gobierno, en el año 2024, recuperemos gran parte de lo perdido. Digo «gran parte» porque no todos los trabajadores van a recuperar el cien por ciento de lo perdido, pero de todas maneras, en ese sentido hicimos una valoración que fue positiva y por eso aceptamos y firmamos este convenio.

En definitiva, lo que plantea este convenio es que en el 2024 los trabajadores de la Administración central y servicios descentralizados van a tener el mismo poder adquisitivo que tenían cuando empezó el gobierno. Queda ahí en el medio una pérdida salarial muy amplia que, efectivamente, va a ser muy difícil de recuperar, pero visto como estaba la situación y en el contexto en que se generó, eso llevó a que desde COFE firmáramos este convenio con el Poder Ejecutivo el que creo que por lo menos mejora las condiciones salariales de gran parte de los trabajadores estatales.

Por lo tanto, eso quería destacar en esta primera intervención, porque queremos detenernos, sobre todo, en el tema de las licencias médicas que es en lo que tenemos más diferencias con lo que se está debatiendo en esta cámara.

En particular dejo mi planteo por acá y, si la señora presidenta está de acuerdo, cedo el uso de la palabra a mis compañeros.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Vamos a hacer referencia, puntualmente, al tema de las reestructuras; es el artículo 7.º del proyecto de ley de rendición de cuentas aprobado en la cámara de diputados. Tiene su origen en la Ley n.º 19924 de presupuesto –en los artículos 8.º en adelante– que fue un proceso que originalmente no fue motivo de negociación colectiva por parte del Poder Ejecutivo y, a pesar de que nosotros insistimos en conocer el articulado previamente, no fue así en la ley de presupuesto ni en esta rendición de cuentas que ingresó el Poder Ejecutivo.

                Este es un tema, para nosotros, muy preocupante y complejo porque no compartimos –y lo dijimos en el año 2020– que las reestructuras organizativas estén concebidas con el objetivo de declarar trabajadores excedentarios porque lo que regulan los artículos 9.º en adelante, justamente, es el régimen de excedentarios siendo que, además, el artículo 8.º de la Ley n.º 19924 establece un tope presupuestal a la discusión de las reestructuras muy bajo y el único desenlace posible, si ese tope no se modifica, es el cese de vínculos laborales.

                A esto se suma que en junio de este año el Poder Ejecutivo, sin previa negociación ni conversación con COFE y a pesar de que solicitamos instancias de intercambio sobre el tema, emitió el Decreto n.º 195 del 2022, que baja a tierra y obliga a los incisos a que antes de junio de 2023 tienen que estar procesadas las reestructuras. En este sentido, nos llamó mucho la atención no sólo el hecho de que no se haya negociado a pesar de notas escritas de COFE pidiendo la convocatoria a los ámbitos, sino que las reestructuras, de acuerdo al decreto, deben proponer una lista de cargos excedentarios, vínculos laborales a discontinuar y funciones excedentarias. Nosotros consideramos que no se puede generar una discusión de una reestructura de un organismo, pensada para mejorar la eficiencia y eficacia de ese lugar de trabajo, para dar un mejor servicio a la ciudadanía, si el objetivo primario es que debe haber puestos de trabajo que queden afuera de ese organismo público, a fin de generar un ahorro, un recorte, para el Gobierno. Eso lo denunciamos, pedimos la negociación colectiva y una asamblea de COFE resolvió que todos los procesos de reestructura tengan como actor central de la negociación a COFE. Esto fue comunicado en una solicitud de reunión que se hizo por parte de COFE al Poder Ejecutivo hace unas dos semanas, cuando se convocó la mesa de rama de negociación del sector público de COFE con el Poder Ejecutivo y en función de eso se generó un espacio de intercambio y de negociación con el Gobierno. A partir de ello, la Oficina Nacional del Servicio Civil comunicó a los incisos que, en principio por 15 días, las reestructuras quedaban stand by a la espera del resultado del intercambio con COFE.  Luego de eso se generó otra reunión en la que, si bien no hemos avanzado en el contenido del decreto, hay intenciones de progresar en eso y esperamos que, en la próxima semana o en la siguiente, podamos continuar con ese tema.

                El otro punto importante a considerar es el tope presupuestal del artículo 8, que recoge el artículo 7 a consideración de esta comisión. En cuanto a esto, en estos días previos se nos comunicó por parte de la delegación del Poder Ejecutivo que el lunes que viene van a presentar una modificación a ese párrafo del artículo 8 y, si bien se establecería el tope como criterio de los vínculos laborales a enero de 2020 y el costo de esos vínculos, se podrían fijar algunas excepciones por resolución del Poder Ejecutivo, por necesidades que surjan de la reestructura. Si bien para nosotros el escenario más adecuado es que no existan topes, porque todos los créditos están presupuestados en los rubros que cada inciso administra, consideramos que el hecho de que haya posibilidad de excepcionar es mejor que la alternativa hoy vigente. COFE había planteado que si no se podía levantar el tope, que al menos existiera la posibilidad de excepcionar; por lo tanto, eso sería valorado positivamente por COFE y se estaría elevando, entonces, una modificación de ese artículo en esa línea la semana que viene.

SEÑOR GANDINI.- Buenos días a los integrantes de la delegación de COFE.

                Quiero saber si estamos hablando del artículo 7 o del 8, porque el 8 refiere a la discapacidad.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Es el artículo 7, que modifica al 8 de la Ley n.° 19.924.

SEÑOR GANDINI.- Quiero hacer una consideración, a fin de aclarar. El artículo 7 actual tiene un inciso agregado por la Cámara de Representantes, que establece que el jerarca de cada inciso podrá solicitar al Poder Ejecutivo ser excluido de la presentación del proyecto de reformulación. Es decir que ustedes no se están refiriendo a esta incorporación, sino a una nueva propuesta que nos haría llegar la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Es así?

SEÑOR GONZÁLEZ.- Exactamente; en el numeral 5 de ese artículo, cuando se refiere al tope a considerar desde  el punto de vista presupuestal, se haría un agregado que establecería que se podría excepcionar de ese tope del costo de los vínculos laborales al 1.° de enero de 2020, en función de las necesidades que surjan de la reestructura y previa resolución del Poder Ejecutivo. Nosotros consideramos que si bien el objetivo central es que no existiera tope o al menos la posibilidad de excepción, es mejor un escenario de discusión concreto de la reestructura de los lugares de trabajo.

                La otra situación que a nosotros nos preocupa mucho son los vínculos laborales precarios que existen en los incisos y en el caso de aquellos vínculos laborales que realizan tareas permanentes –contratos de trabajo 2+2– que son 500 vínculos con organismos nacionales e internacionales, contratos zafrales en casinos, contratos docentes en el MEC y otras situaciones, las reestructuras que justamente tendrían el objetivo de adecuar  la cantidad de puestos de trabajo para prestar los servicios, deberían contemplar la posibilidad de regularizar estos vínculos. En función del intercambio que tuvimos con el Poder Ejecutivo en estos días se nos trasmitió –aún no conocemos el borrador del artículo– que también se incluiría un artículo generando la posibilidad de regularizar determinados vínculos laborales en el marco de la discusión de las reestructuras. Nos dijeron que esto entraría la semana próxima. En cuanto a ese punto concreto, si bien consideramos que no tenía que estar, necesariamente, asociado a un proceso de discusión de reestructura, el que se incluya esa posibilidad de  discusión, al menos lo valoramos como positivo. Básicamente ese sería el resumen sobre el punto de reestructura.

                Sobre lo que recién mencionaba el senador Gandini respecto a la posibilidad de excepcionar el inciso a la discusión de una reestructura, consideramos que era mejor la redacción que vino originalmente del Poder Ejecutivo en la que de forma directa se daba la posibilidad de que los incisos hicieran o no las reestructuras sin tener que pedir una excepción al Poder Ejecutivo. Sin embargo, se modificó de esa forma en la Cámara de Diputados.

SEÑORA FREGOSSI.- Saludamos a los integrantes de la comisión y les agradecemos que nos hayan recibido. 

                Quisiera hacer una puntualización en lo que tiene que ver con el proceso de la última propuesta que hizo servicio civil. Vino una propuesta de esa oficina modificando el artículo 7.º con un agregado sobre el llenado de las vacantes a través de un concurso de unidad ejecutora. Al respecto tenemos alguna puntualización sobre el proceso de redacción; incluso en nuestra interna se discute si es conveniente la aplicación  o no. Digo esto en virtud de que para nosotros la redacción no es contundente porque establece: se podrán postular los funcionarios presupuestados de la unidad ejecutora donde se haya creado la vacante siempre que reúna el perfil, los requisitos del cargo a proveer y se encuentren desempeñando tareas propias del escalafón de concurso. Esto es lo que agrego servicio civil en la redacción que propone para el artículo 7.º. A nosotros siempre se nos dijo, por parte de servicio civil, que era para un único concurso, puntual y específico de las reestructuras y si bien entendemos que ese es el espíritu de servicio civil –nosotros  no tenemos unanimidad en cuanto a la conformidad de esto–, queremos destacar que la redacción no es contundente en cuanto a que vaya a ser por única vez el concurso por unidad ejecutora, sino que está atado a la reestructura y todas las vacantes que se generen con las reestructuras van a ser las que van a quedar a futuro.  La expresión: única vez, no queda establecida en el artículo y también modifica la posibilidad de ascenso en el inciso que hoy por hoy tenemos. Para nosotros esto genera alguna dificultad.

SEÑORA PRESIDENTA.- Para aclarar, eso que ustedes  dicen ¿está incorporado a lo que se aprobó o no?

SEÑORA FREGOSSI.- No, es una sugerencia de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

SEÑOR PEREIRA.- Buenos días. Gracias a los senadores presentes.

                Está compareciendo con nosotros el doctor Ochs que ahora va a exponer, específicamente, sobre el tema de las certificaciones médicas. Como bien decía José López, COFE ha estado planteando alternativas en el trabajo que ha presentado. Claramente estamos en contra del planteo que está arriba de la mesa y entendemos que no va a corregir la situación que todos queremos corregir. COFE ha expresado públicamente en los distintos medios y en diferentes actos que quien abuse dentro del Estado, no tendrá lugar allí. De todas maneras, entendemos que así no se va a corregir la situación que se está dando, porque va a perjudicar a los buenos trabajadores que en algún momento puedan sufrir alguna enfermedad. Queríamos dejar claro nuestro planteo.

Además, quiero decir que COFE se está asesorando con el doctor Ochs a quien pediría que se le cediera la palabra para que realice una exposición en este sentido, y luego quedaríamos para responder las preguntas.

SEÑOR OCHS.- Buenos días y muchas gracias.

                Tanto el año pasado, como en agosto pasado COFE me solicitó un informe escrito que creo que está agregado y del que voy a hacer un breve resumen.  Allí planteo tres objeciones al proyecto de ley de rendición de cuentas redactado por el Poder Ejecutivo. Una objeción la denomino procedimental y, de alguna manera, refiere a lo que  sostiene la más autorizada doctrina constitucional. Es decir, si bien el Estado legislador, el Estado a través de una ley, puede en los términos del artículo 7.º de la Constitución nacional establecer limitaciones, restricciones, retaceos a los derechos y a las libertades de las personas, tiene que cumplir –por más que se cumpla el requisito de las mayorías que es fundamental en una democracia– determinadas coordenadas. Por ejemplo, tiene que haber una discusión adecuada. Para ello, el tribunal constitucional español maneja la regla de que cuanta más lesividad tenga la intervención del Estado, mayor debe ser la evaluación y la ponderación de los intereses en presencia y el análisis y la posibilidad de que los futuros afectados por esa normativa de limitación puedan exponer su posición al respecto. Yo no digo que el Estado no pueda restringir el salario a través de una ley, porque, sinceramente, creo que lo puede hacer. Pero me parece que esto implicaría introducir una drástica –y, diría, dramática– reducción en la remuneración a casi 300000 personas que sufren un evento adverso en su vida, como es una enfermedad, por lo que se vuelven más vulnerables. Entonces, creo que Estado tiene que dar muy buenas razones, cumplir con el requisito de la proporcionalidad y explicar cuáles son los motivos conducentes a lo decidido. Me parece que esta es, paradigmáticamente, una violación del principio de proporcionalidad en cuanto el discurso oficial; es un proyecto que se soporta sobre la columna de que refiere a la corruptela del fraude que cometen distintos funcionarios que simulan procesos de enfermedades que no existen, a través de médicos certificadores que actúan en ilicitud y entonces, obviamente, se generan una situación ilícita. Ahora bien, eso no puede dar pie a que el Estado razonablemente restringa y mutile a 300000 funcionarios, porque es obvio que no se puede incluir en ese espectro de restricción a quienes sufren enfermedades verdaderas. El Estado lo que debe y está en condiciones de hacer –y diría que antes de tener un imperativo jurídico tiene que tener un imperativo moral– es corregir esas situaciones de irregularidad, sancionarlas y perseguirlas. Me costa que COFE, en un informe escrito que agregó a la comisión que creó la ley de presupuesto, consideró la posibilidad de crear figuras penales, para sancionar tanto a los médicos como a los funcionarios que se prestan a esta situación. Me parece que no hay inevitabilidad, sino otra vía que es menos lesiva. El Estado no puede ir a una decisión de máxima cuando puede hacer algo menos lesivo que cumpla con el fin político postulado, que es, insisto, el de terminar con las corruptelas de las certificaciones falsas.

                Además, quiero hacer notar a los señores senadores que el Poder Ejecutivo no cumplió a cabalidad con el artículo 31 de la ley de presupuesto que establece la creación de una comisión en el ámbito del servicio civil, con participación de COFE, para redactar un proyecto de ley.  El Poder Ejecutivo no permitió eso, lo bloqueó y envió un proyecto de ley que tiene una iniciativa constitucional incuestionable –no estamos cuestionando eso–, pero digo que no se permitió que esa comisión elaborara, a su vez, el proyecto de ley que estaba habilitada a presentar según lo que previó el artículo de la ley presupuestal.

                Me quedo acá. Me remito en todo al informe escrito y estoy a las órdenes para cualquier aclaración o ampliación.

                Muchísimas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Bienvenidos a la comisión.

                Como ustedes saben, hoy es un día de audiencias y para llevarlas a cabo se dividen los integrantes de la comisión en dos salas, por eso, aparece un poco más raleada una que otra; esa es la razón.

                En mi opinión, la exposición ha sido muy clara.

Nosotros agradeceríamos que lleguen por escrito las sugerencias que se han hecho en cuanto a alternativas de redacción, etcétera, porque en estos días comienzan a considerarse los aditivos y los sustitutivos propuestos por ambas bancadas o iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo. A los efectos del trabajo, para nosotros es bien importante esta cuestión.

En segundo término, ustedes conocen cuál es la posición del Frente Amplio sobre el capítulo de licencias, expresada en votación en la Cámara de Representantes. Obviamente, ahora en el Senado vamos a considerar todo el articulado, pero ese es el precedente. Conocemos las mayorías que se requieren para hacer este tipo de modificaciones según lo establece la Constitución de la república y, por lo tanto, somos conscientes del rol de cada quien.

En cuanto al trabajo y a las decisiones de COFE sobre acuerdos salariales con el Gobierno, son parte de la independencia que tiene el sindicato y los intereses que defiende. En consecuencia, por supuesto que es legítima cada opción y cada decisión en la materia, siendo propia cada una de ellas y punto.

Tengo una pregunta concreta, señora presidenta, y me gustaría que fuera respondida sucintamente, si es posible.

Me queda clara la posición de buscar excepcionar algunos incisos de la regla que fijó el Gobierno en cuanto a que de cada tres se reponga uno. Eso tiene que ver con la importancia, o no, de la función. Mi pregunta es si ustedes en las conversaciones con el Poder Ejecutivo –me imagino que sí– valoraron un tema que nos preocupa mucho, que es el envejecimiento del funcionariado de algunos incisos del Estado.

A nosotros nos han hecho un especial planteo sobre este tema los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para decirlo no técnicamente, en algunas áreas hay dos funcionarios y uno de ellos tiene la edad para jubilarse en este período o en forma muy inmediata. La pregunta es qué grado de valoración tuvo esto a los efectos del planteamiento de COFE en esta materia, y qué visualización tienen ustedes de este tema en general, más allá del ejemplo que yo puse del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el que conozco por datos que nos proporcionaron y que, además, el Gobierno dio como válidos.

Tenemos esa preocupación porque, por supuesto, defendemos a rajatabla el ingreso por concurso en todo el Estado, pero esto ha tenido inconvenientes en su instrumentación, hubo demoras, etcétera. Forma parte de las decisiones que en algunos casos se comprometieron para ejecutar este año y todavía están sin hacer.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tengo a dos senadores más anotados. Si les parece bien, vamos a dejar que terminen con las preguntas y después los invitados contestan.

SEÑOR LIBEROFF.- Buenos días a la delegación.

                Parto de la base de las consideraciones que el señor senador Mahía formuló, pero querría hacer un par de consultas bien concretas.

                Ustedes dicen que, eventualmente, a través de las negociaciones van a alcanzar en el 2024 la recuperación de las pérdidas. Supongo que en las negociaciones ustedes analizaron también –al menos, no lo escuché– cuál ha sido el volumen de pérdida que, a lo largo del período, se ha dado en millones de dólares. Me gustaría saber si esto está evaluado.

Lo segundo tiene que ver también con algo que mencionó el señor senador Mahía. En el caso del Ministerio de Turismo, específicamente acá se planteó que, en el período, el 30 % de los funcionarios actualmente en plantilla van a tener causal jubilatoria y, de hecho, varios centros de informes hoy no funcionan en el territorio nacional por no tener cobertura; un caso concreto es, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Entonces, creo que la preocupación planteada por el señor senador alcanza a otros. En fin, quisiera saber qué valoración hacen ustedes o qué conocimiento tienen acerca de esas dificultades que se van a producir.

La tercera consulta es la siguiente. En los fenómenos de reestructura con la Oficina Nacional del Servicio Civil hay algunos ministerios que en los últimos cinco años, en particular, llevaron reestructuras en conjunto con sus funcionarios y se alcanzaron acuerdos de organigramas, perfiles y responsabilidades para todo el organigrama. Me gustaría saber, en estos casos que son bastante recientes y sobre los que existe acuerdo con los trabajadores, cómo está planteada la reformulación respecto a 2023, como fecha de finalización de los planteos de reestructura. 

Gracias.

SEÑOR GANDINI.- Saludamos a la delegación de COFE.

Quiero dejar las siguientes constancias.

Por un lado, esperemos que lleguen las iniciativas de la Oficina Nacional del Servicio Civil, porque la semana que viene estaremos votando el proyecto de ley en comisión. Por lo tanto, esperemos que su llegada se produzca rápidamente para que puedan ser consideradas.

Con respecto al tema de las certificaciones médicas se ha discutido mucho y hemos postergado su consideración desde la ley de presupuesto; recién ahora, a partir del 1.º de enero se pondrá en vigencia alguna solución bastante más conversada que la anterior. Se cumplió con la ley y, en particular, con su artículo 31, que establece que una vez elaborado el proyecto correspondiente, la comisión lo elevará al Poder Ejecutivo para que lo remita a la Asamblea General. En caso de no compartirlo el Poder Ejecutivo enviará su propio proyecto junto al elaborado por la comisión. Por ende, tenemos una iniciativa del Poder Ejecutivo acorde a lo que establece el artículo 31 de la ley de presupuesto, bastante mejorado, pues establece un 75 % de subsidio; incluye todas las partidas de tipo salarial –también el aguinaldo– para hacer el cálculo y establece nueve días por año pagos a los que el funcionario podrá acogerse. También es verdad que allí se determina la cantidad de enfermedades de distinta naturaleza que no quedarían incluidas dentro del sistema. Quiere decir que los casos de enfermedades profesionales o vinculados al embarazo, etcétera, no van por este régimen, sino por el pago total. Creo que se ha mejorado bastante aunque, obviamente, no pudimos llegar a un total acuerdo, porque la visión que tenemos sobre el tema es diferente. Aquí se va a sancionar con la destitución, inclusive, a los funcionarios y a los médicos que violen la norma. Sabemos que ahí está el problema, o sea, en la combinación de algunos funcionarios con algunos médicos que tienen una facilidad enorme para extender un certificado médico, por ejemplo, a un funcionario que tiene depresión y no concurre a trabajar por seis meses. Vamos a cruzar información, porque el deprimido, a veces, está manejando un taxi o desempeñando otra actividad laboral; además, como está deprimido, lo mandan caminar, recrearse y no tiene que estar siquiera en su casa. 

La idea es ver si eso, que todos sabemos que es una patología del sistema, lo podemos resolver a través de este proyecto de ley. También lo iremos evaluando, ¡veremos! Esta situación es bastante mejor que la que tienen los trabajadores del sistema privado, bastante mejor. Quizá no sea esta toda la solución, pero al cruce de información con el Banco de Previsión de Social le agregamos la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial. Esto será muy importante porque, en el Estado, hay funcionarios que tributan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, a la Caja Notarial, al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y a la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial.

Por lo tanto, ahí también tenemos que hacer cruce de información; no vaya a suceder que para una caja estén enfermos, pero sigan trabajando por otra. Eso está en marcha y requiere tecnología y gestión, pero de esa manera la ley prevería sanciones para los casos en que se descubran esas irregularidades que aprovechan la grieta que el sistema tiene.

No digo que sea lo mejor, pero estoy bastante conforme con lo que se ha logrado. No es mi intención debatir –eso debemos hacerlo en otro lugar y en otro momento– pero como se dieron algunas opiniones quería dejar constancia de mi visión en la versión taquigráfica.

SEÑOR DOMENECH.- Esta cuestión de las inasistencias por enfermedad es un viejo problema de la Administración pública. Yo recuerdo estar recién recibido –hace unos cuarenta años– y ya se planteaba esa situación. Me acuerdo que cuando un funcionario sumaba un determinado número de inasistencias, automáticamente se le instruía un sumario –por lo menos la ley en algún momento lo estableció–, a efectos de determinar si realmente le asistía alguna razón justificada para no concurrir a su trabajo.

El principio de proporcionalidad, del que nos habló el doctor Ochs, creo que está ínsito en cualquier régimen disciplinario o, incluso, penal –aparte de lo que pueda decir el tribunal español sobre ese tema–; tiene que haber una proporcionalidad entre la falta y la sanción. Lo que me llama la atención, y me parece absolutamente desproporcionado, es que COFE pueda llegar a proponer sanciones de orden penal para los omisos; creo que tenemos que ser razonables en la materia.

Para ser franco, la norma tal como está prevista, no nos satisface totalmente, pero es un problema que veo difícil de resolver. Me parece que COFE, que se ha opuesto sistemáticamente a las normas que sobre esta materia se han pretendido dictar –por lo menos en estos dos años que tengo de experiencia legislativa–, tendría que colaborar y proporcionar una solución concreta. Espero que no sea la norma penal, por favor, porque me parece que el Derecho penal excede en esta materia todas las proporcionalidades que uno se pueda imaginar. Además, somos conscientes de que en Uruguay hay un gran problema con la salud mental y que hay gente deprimida. Si bien no tengo una opinión despectiva con respecto a las enfermedades mentales, creo que la sociedad, en general, no las comprende, pero existen; debo ser realista. No creo que sea intención del Gobierno ser arbitrario o aplicar criterios draconianos en materia sancionatoria, pero que tenemos que hacer algo para resolver el problema y que no paguen justos por pecadores, también me parece imprescindible.

Honestamente, siento que COFE no es absolutamente claro en su planteo; no le gustó la solución de los proyectos de ley anteriores y tampoco le gusta este, entonces, debería decirnos claramente cómo entiende que debe resolverse.

SEÑORA PRESIDENTA.-                 Como se han dejado algunas constancias, yo también quiero hacerlo.

Hasta que me jubilé fui empleada pública y siempre me molestó que se generalizara el tema de los empleados públicos, porque sé que la gran mayoría de ellos son responsables. Lo que sí creo es que falta control, y este debe hacerse a quien corresponde, es decir, a los médicos y a las propias personas que faltan. Incluso, la información se puede obtener igual, aunque no esté esta ley.

                Con respecto al artículo 31, quiero saber si esa comisión se instaló y presentó un proyecto que el Poder Ejecutivo desestimó, o directamente no presentó ningún proyecto.

SEÑOR PEREIRA.- En cuanto al planteo por parte de algunos señores senadores sobre el cruce de información, quiero decir que hoy no es posible hacerlo por el BPS y no va a ser posible realizarlo el 1.º de enero.

Poniendo como ejemplo el inciso 29, ASSE tiene un acuerdo con el BPS para cruzar datos, y lo está haciendo hospital a hospital porque no le da la capacidad de cruzar la información de todos los funcionarios que tiene el inciso 29. Entonces, cuando hablamos de controles, está bien que se pongan estos ejemplos, pero no van a ser aplicables, como quieren, el 1.º de enero ante la ley.

En la comisión no se llegó a un acuerdo porque no lo había ni dentro del propio Poder Ejecutivo. Los delegados aquí presentes –Aidemar González y quien habla– trabajamos en eso e hicimos propuestas de controles como plantea el senador, y el BPS declaró públicamente que no sabe qué médicos son los que certifican y que no hay médico certificador en todos los organismos públicos. Faltan controles en demasía. Además, se acepta la certificación del funcionario hecha por cualquier prestador, sea o no el suyo.

Entonces, COFE ha planteado –si quieren, les hacemos llegar los planteos por escrito– que tiene que haber muchísimos más controles y que debería llegarse a la pena máxima, que es la destitución del funcionario, cuando quede claro que hubo una falsedad. Nosotros no planteamos que esos funcionarios están en falta con el Estado, sino que están en falta con sus compañeros, que tienen que hacer el doble y el triple de trabajo porque ellos están estafando al Estado. No queremos llegar a instancias penales; lo que hemos dicho es que si tienen que ser cesados, que se haga; y pueden comprobarlo consultando las versiones de prensa de COFE, los actos y las comparecencias en la comisión de la Cámara de Representantes.

Claramente, vamos por los controles; coincidimos en que tiene que haber más controles, pero no en sacarles el salario a los trabajadores, porque tampoco queda claro en la ley cuáles son las enfermedades que se consideran. ¿Eso va a ser definido por cada organismo? Entonces, si no hay claridad en los controles, si se dice que se van a poner controles pero el organismo que tiene que hacerlos no tiene la capacidad técnica para ello, se apura. Nosotros lo hemos dicho: «apliquemos todos los controles que se plantearon y algunos que planteó el Poder Ejecutivo, probemos seis meses o un año y veamos si se controla o no». El problema es que no hay control en los organismos; es más fácil descontar cuando falta.

El Poder Ejecutivo mencionó un monto de USD 90:000.000. Nosotros creemos que se busca hacer caja y no solucionar el problema de fondo, que tal como está planteado, no se va a solucionar, porque el que vaya a trabajar un taxi o tenga un kiosquito, en vez de cobrar el 100 %, va a cobrar el 75 %; la cuenta le sigue dando bien, y va a conseguir a algún profesional que lo certifique.

Entonces, vayamos a los mayores controles y a los estrictos controles que tiene que haber, pero no les quitemos el salario a los trabajadores, porque es el salario lo que se está quitando si se aprueba tal como está. ¿Que pasamos de 3 a 9 días? Sí, eso lo valoramos positivamente, pero eso no es lo que queremos porque no se soluciona el problema de fondo, que es lo que COFE quiere.

SEÑOR LÓPEZ.- En primer término, me quiero referir a algo que dijo el senador Mahía con respecto a la participación de senadores en esta subcomisión y a sus efectos en función de que se dividen. No sé bien cuál es el criterio, pero lo que vemos es que en esta subcomisión, en la comparecencia de COFE, los senadores que están son los que están y, en realidad, eso demuestra el interés de saber cuáles son las cosas que tiene para decir esta delegación. Por lo tanto, por más que está la versión taquigráfica y cada cual podrá leerla después, la realidad es que los que están acá son los que están acá, y por eso les agradecemos.

(Dialogados).

–Puede ser, sí, y por eso estamos diciendo esto.

En segundo lugar, con respecto a las certificaciones médicas, creo que la alocución del doctor Ochs fue clara, e hizo alguna mención al tema penal, pero no es un planteo que haya hecho COFE de manera formal ni pública.

Nosotros entendemos que cuando un funcionario no está en su lugar de trabajo porque está haciendo uso de una licencia médica, pero sí está trabajando en otro lugar, está estafando al Estado y también a su compañero de trabajo porque este tiene que cubrir los dos puestos. ¡Eso es una estafa! ¿Cómo medirá eso el Poder Ejecutivo? Tendrá que hacerlo de la manera que entienda. Nosotros creemos que a ese trabajador que está estafando debe caerle todo el peso de una sanción gravísima por parte del Estado. Eso no quiere decir que todos los trabajadores que hagan uso de una licencia médica por indicación psiquiátrica, ya sea que estrés o depresión, estén mal certificados. Lo que nos llama la atención es que justo cuando un trabajador tiene que enfrentar una situación de enfermedad, que normalmente eso tiene más costos para el trabajador, se le imponga una sanción económica cuando en realidad ya está teniendo un perjuicio.

No quería caer en comparaciones, pero si vamos a contraponer la situación de los trabajadores públicos a la de los privados, podríamos colocar también en el debate el tema del salario vacacional. Y sabemos que es un tema que podemos colocarlo para la tribuna, no es que vayamos a discutirlo ahora. Entonces, me parece que comparar una cosa con la otra, no es lo más justo.

Con respecto al tema de las certificaciones médicas, también entendemos que para lo que el Poder Ejecutivo quiere corregir, este tipo de ley no le va a servir para nada, primero, por lo que decía recién mi compañero Martín Pereira: que al que está de vivo, no le va a costar mucho seguir de vivo con esto; y, segundo, porque según ha manifestado el propio Poder Ejecutivo –y nosotros hemos podido comprobarlo–, los problemas más grandes que distorsionan las generales de la ley son los que se producen en la enseñanza, en la Policía y en ASSE. Pero esta ley no abarca a la enseñanza porque ella tiene autonomía, por lo tanto, los trabajadores de la enseñanza no van a quedar comprendidos en este texto legal. Entonces, nuevamente se vuelve a castigar a los trabajadores de la Administración central y de los servicios descentralizados. 

El tema de la Policía es llamativo, no estamos criticando la cantidad de licencias médicas que tiene el Ministerio del Interior, pero llama la atención cómo ha crecido y se ha multiplicado en los últimos años. Nosotros suponemos que eso tiene que ver con el aumento de la violencia que ha tenido este país. Ahora bien, si la solución que el Poder Ejecutivo y los legisladores encuentran es sancionar económicamente a estos trabajadores, que muchas veces hasta exponen su vida para desempeñar su tarea, sinceramente no la compartimos, y vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase. 

Es claro que esto se discute en este Parlamento, y sabemos cuáles son las mayorías aquí. Es cierto lo que decía el señor senador Gandini en cuanto a que este proyecto de ley se ha discutido durante dos años –no como nosotros quisiéramos pero ha tenido un debate– y ha tenido una mejora con respecto al proyecto original; sin embargo, sigue sin convencernos.

No sé si esto aclara al señor senador Domenech cuál es la posición de COFE, pero creemos que acá van a pagar justos por pecadores. Claramente, el trabajador que nunca se enferma pero que en virtud de determinada situación necesita una licencia médica por más de nueve días, va a tener una rebaja del 25 % de su salario; eso no nos parece justo. 

Por último, quiero hacer mención al tema salarial, sobre el cual preguntaba el señor senador. Es cierto lo que plantea en el sentido de que hay una pérdida salarial que no vamos a recuperar, y que en esta oportunidad se acentúa en función de que la panza es mucho más grande porque va desde el principio al final del período. Pero esto también nos pasaba en el período anterior, cuando teníamos ajustes que empataban con la inflación, pero durante el año había una pérdida salarial que tampoco recuperábamos. Hasta ahora estas han sido parte de las reglas de juego.

En el marco de esta situación y en función de los planteos que ha hecho el Poder Ejecutivo, esta rendición de cuentas –lo hemos dicho en todos lados– claramente profundiza o mantiene el ajuste planteado por el Gobierno en materia económica, en el cual la variable seguimos siendo los trabajadores estatales, y en algunos casos las políticas sociales. De todas maneras, tal como venía la mano, creímos que era mejor firmar este convenio, que no hacerlo y quedar al libre albedrío de lo que podría definir directamente el Poder Ejecutivo.

                Dejo por acá mi intervención, señora presidenta.

SEÑOR OCHS.- Quisiera hacer dos o tres comentarios sobre algunas de las expresiones vertidas por el señor senador Gandini.

                Nadie ha cuestionado la competencia constitucional del Poder Ejecutivo para presentar proyectos; eso me parece haberlo dicho, aunque quizá no fui suficientemente claro. Lo que dije, concretamente, fue que la comisión creada para tratar el artículo 31 no generó un proyecto que llegara al Parlamento; es más, hay un solo proyecto, y es del Poder Ejecutivo.

                En segundo lugar, me parece que se pueden manejar distintos argumentos como, por ejemplo, el de la igualdad con los trabajadores privados. Pero si esto se transforma en ley y vamos a la Suprema Corte de Justicia, vamos a focalizarnos en que el motivo que esgrimió el Estado para afectar o limitar derechos refiere a un tema de descontrol de la corruptela que el propio Estado se declara incapaz de corregir y, entonces, va a esta solución general. Entonces, ¿van a pagar justos por pecadores? Creo que en eso hay un error del señor senador Domenech. Sí van a pagar justos por pecadores porque, en definitiva, todos los trabajadores van a sufrir una disminución.  El centro de la cuestión es que el principio de proporcionalidad no refiere a la cuestión de la desproporción chocante entre la falta y la sanción; el principio de proporcionalidad también exige que la medida de mutilación o limitación sea inevitable o inexorable. Entonces, el Gobierno, el Estado, tendría que probar seriamente, con estudios objetivos, que es literalmente inexorable, imposible o inevitable ir por un camino distinto al que acá se plantea, es decir, ir al control que planteaba recién el señor Joselo López. 

                Ese es el problema constitucional que hay en torno al tema de la proporcionalidad. Si se esgrime un motivo y es inidóneo porque no cumple con lo que se llama la fase de inevitabilidad, pensamos que hay otras medidas menos lesivas que contemplan el fin político –por cierto, compartible– que inspira el accionar.

                Nada más, por ahora.

                Muchas gracias.

SEÑORA FREGOSSI.- En la misma línea de lo que se está planteando, quisiera señalar que hay un informe del Laboratorio de Innovación y Observatorio de la Función Pública de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el cual se clasifica el tema de las certificaciones médicas.

                En el capítulo V se habla de las influencias demográficas en las licencias por enfermedad. Además del planteo del doctor Ochs, que es como un mecanismo de castigo, también se castiga –y se incluye en forma expresa en el librillo de este informe– el tema del cómputo de las licencias, porque allí se establece que el 50 % superior es de las mujeres certificadas respecto de los hombres. Quiero leer un párrafo específico, que dice lo siguiente: «Para todos los grupos las mujeres superan el 50 % y los hombres no alcanzan el 50 %. Los motivos de estas diferencias deberían analizarse con mayor profundidad, atendiendo» –y remarco esto– «a factores como las responsabilidades de cuidados, así como otros internos a la Administración como la motivación y visualización de las posibilidades de ascenso, entre otros». La Administración entiende que estas son las causas, por ejemplo, de la falta de mujeres. 

                Y dentro de las escalas establecen que el número más alto es de alrededor de los 29 o 30 años, sin contemplar que estas certificaciones también –cuando las incluyen en el total– son por un tema de género y estado de edad fértil. Incluso se aclara en el propio informe que no se separan las certificaciones médicas de esto, de estos números de las certificaciones médicas por el proceso de maternidad.

                Al final, dentro de un resumen que realiza, establece que las mujeres tienen otro boom de faltas alrededor de los 59 años. Tampoco consideran que ellas, como consecuencia del proceso reproductivo, contraen otro tipo de enfermedades que, por el hecho de ser mujeres, no las padecen los hombres.

                Entonces, también hay una especie de sesgo de género; no solo se sanciona porque no se hace los controles que debería, sino que además por el hecho de ser mujer, se te marca que no tenés posibilidad de ascenso y que tenés las faltas por cuidado. A su vez, te dicen que si tenés cierta edad, te enfermás más, pero no se contemplan las razones por las cuales te sucede eso.

                Por tanto, en la línea de lo que plantean el doctor Ochs y los señores Pereira y López, todo da a entender que no controlan con el mecanismo que se debería y se afecta al total por no hacer efectivo el control específico.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos que vayan redondeando. El señor Liberoff quiere hacer uso de la palabra y yo también quiero que puntualicen algo.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Sobre el tema de las licencias médicas no existió negociación colectiva. Se convocó a un consejo superior, en julio del año pasado, en el que el Poder Ejecutivo comunicó que iba a convocarse a la mesa de rama para discutir licencias médicas. A pesar de que COFE insistió, nunca se convocó la negociación de rama.

                Hay una salida pública por parte del gobierno para intentar demonizar al funcionario público presentando información con el fin de intentar sustentar las situaciones que llaman «abusos». Por ejemplo, se dice que más del 50 % de los trabajadores públicos tienen certificaciones médicas, pero no se dice cuánto es el promedio de los días para el conjunto de los trabajadores.

                Damos un ejemplo: en la ferretería del barrio, en la que hay cuatro trabajadores, dos de ellos piden tres días de licencia médica en el año. En ese local, el 50 % de los trabajadores tuvo certificación médica.

                Cuando se hace el promedio de los trabajadores públicos, los que tienen certificación médica es por aproximadamente siete días, incluyendo sábados y domingos. Es menos del 2 % del total de los días del año. Sin embargo, se intenta vender hacia afuera una situación de abuso tratando de desprestigiar la figura del trabajador público. Eso lo hemos denunciado.

                Con relación al planteamiento que realiza el señor senador Domenech, creemos que es por allí por donde debemos transitar. En este sentido, hicimos planteos concretos que el Poder Ejecutivo nunca consideró, y no los considera. Cuando fuimos a hablar sobre el tema en la comisión, se nos dijo que los descuentos tienen que ir sí o sí. No hay ningún planteamiento que se considere que no incluya los descuentos porque el objetivo es bajar el gasto. ¿En cuánto? En USD 90:000.000. Ese era el único planteo que estaba sobre la mesa, es decir, que había que bajar el gasto. Fue por eso que en la Cámara de Representantes se tomaron dos medidas que van dirigidas a bajarlo. Una de ellas no es como señala el señor senador Gandini, si es así, tienen que aclararla. El subsidio por enfermedad, tal como está redactado, no computa para el aguinaldo. Sin embargo, en el sector privado, sí. Si computa, tiene que especificarse porque es un subsidio.

                Es más, el contador Alfie y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fueron a la Cámara de Representantes a pedir expresamente que se retirara una referencia que había venido del Poder Ejecutivo de que era del 75 % más la cuota parte del aguinaldo. Si se retiró esa referencia es porque no computa para el aguinaldo. Y si computa, que se aclare. O el artículo 27, que grava con IRPF si los subsidios por enfermedad superan los $ 60.000. Se le aplica un impuesto a un subsidio por enfermedad –que no es una renta–, y se hace con el objetivo de seguir bajando el gasto.

                ¿Qué planteó COFE? Que se analice más el tema antes de tomar una decisión al barrer, porque si el objetivo es corregir los abusos y no bajar el gasto, ¿por qué cuando les planteamos discutir el salario vacacional, nos dijeron: «No, eso aumenta el gasto, y acá queremos bajarlo» ?

Entonces, que se diga cuál es el objetivo: ¡bajar el gasto!

                Nosotros hacemos planteos y se nos dice que no caminan; planteamos, antes de tomar una medida al barrer y perjudicar a los que se enferman –a los que tienen sus familias, a los que tienen enfermedades graves–, mecanismos de destitución si hay falsedad, ya sea por parte del certificado o si se trata de un invento por parte del funcionario; dimensionamiento adecuado del equipo de certificaciones médicas de ASSE; auditorías a los funcionarios cuando solicitan la licencia médica; que en los organismos públicos existan servicios de prevención y salud –que están obligados a tenerlos por decreto y no existen–; que se analicen las causas de las licencias médicas y si la situación no está vinculada al trabajo; que haya cruzamiento de datos que, hasta ahora, no existe; que el que certifique sea el prestador de salud, y evaluar estas medidas en seis meses. Si se adoptan medidas de este tipo –acompañadas por COFE y por los sindicatos–, de control y de auditoría, y en junio del año que viene se determina que no tuvieron ningún efecto, discutimos posteriormente que haya un descuento, pero no que el descuento sea de antemano porque el objetivo es bajar el gasto; eso es lo que nosotros no compartimos.

                Hicimos una serie de planteos que podemos trasladarlos por escrito; por eso recogemos lo que ha planteado el señor senador Domenech. Creemos que esa es la línea: ver mecanismos que permitan resolver esta situación sin generar un perjuicio al barrer.

                ¿Qué pasa con los trabajadores que se dializan? No están excluidos expresamente. ¿Qué pasa con las enfermedades oncológicas? No están excluidas expresamente. Se va a facultar a que el Poder Ejecutivo, que lo que quiere es recortar, determine ese tipo de enfermedades. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Se nos dijo de frente: «Queremos bajar el gasto», y las medidas que planteó la OPP cuando vino acá, apuntan a seguir bajando el gasto y eso no lo compartimos.

                Sobre las demás consultas que se hicieron, señalamos que a nosotros nos preocupa la pérdida de puestos de trabajo. En la Administración central, al 31 de diciembre de 2019, había aproximadamente 21.000 trabajadores y hoy hay 18.000. La pérdida de puestos de trabajo es de un 15 % en dos años y medio; estamos excluyendo lo que es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, esto es para el resto de los ministerios.

Es el lugar donde más rápidamente el Poder Ejecutivo pudo instrumentar que no ingresaran funcionarios, y el 3 por 1 se transformó en 3 por 0; no ha habido ingresos en estos dos años y medio. Lo que ha habido es cierre de oficinas en el interior del país, de controles fronterizos –no hay funcionarios para atenderlos– y lo que sabemos es que los llamados se van a poder hacer de aquí a octubre del año que viene, porque después viene el año preelectoral; no sabemos de cuánto va a ser el ingreso, pero será de uno cada diez.

                Entonces, nos preocupa esa situación.

El recorte del rubro 0 en la Administración central fue de USD 25:000.000 en 2020, USD 45:000.000 en 2021, cuando se suma la enseñanza es de otro tanto y está vinculado a la pérdida de puestos de trabajo y a esos ajustes salariales que se hicieron por debajo de la inflación; hablamos de una pérdida acumulada durante todo el período de gobierno.

Por eso, el convenio de COFE intenta resolver esta situación; se pudo avanzar parcialmente en el tema y se llegó a ese acuerdo.

SEÑOR LIBEROFF.- Específicamente, pregunté si en las negociaciones para evitar la pérdida de poder adquisitivo durante el período, ustedes habían conversado sobre cuánto era la pérdidahasta el 2024. Pregunté en concreto sobre eso porque supongo que en las negociaciones salariales deben haber manejado ese dato.

                Por otro lado, más allá del comentario que ahora se acaba de hacer, quería saber –tal como lo planteó el señor senador Mahía– cómo prevén ustedes que va a ser la posibilidad de pérdida de puestos de trabajo, ya no solo por otras razones sino específicamente en función de las edades de causal jubilatoria.

SEÑOR GONZÁLEZ.- En una cuantificación que se hizo en su momento, cuando el ajuste fue de 4,41 % y la inflación de 2020 fue de 9,41 %, ese 5 % sobre la masa salarial de todos los trabajadores públicos rondaba lo USD 180:000.000, si se mantenía eso en forma definitiva hacia adelante. Por lo tanto, lo que no se recupera implica eso hacia adelante. Estamos hablando de unos USD 35:000.000 en la masa salarial, el 1 % de recorte salarial de enero 2021, porque la inflación fue casi un 8 % y el ajuste fue de un 7 %. Comienza un proceso de recuperación del salario, que finalizaría al culminar el Gobierno, pero lo que se pierde durante estos años es una cifra muy alta. Cuando se compara el rubro 0 de 2019, de 2020 y de 2021, ya se ve la pérdida, no sólo por salario sino por pérdida de puestos de trabajo. Hay muchos funcionarios con causal jubilatoria y nos preocupa el hecho de que queda solo un año para ingreso de personal y luego se va a profundizar, en los años siguientes, la pérdida de puestos de trabajo, lo que está impactando en la gestión de los organismos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Cuando se hizo referencia a que en el período pasado también había habido descensos, se referían al año y en este caso estamos hablando del quinquenio. ¿Es así?

SEÑOR GONZÁLEZ.- Sí, efectivamente.

SEÑORA PRESIDENTA.-  La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda agradece a los representantes de COFE su visita y la información brindada.

(Se retira de sala la delegación de COFE).

(Se inicia la conexión por videoconferencia con la delegación de la

Asociación Civil Huerta Buscando Espacio).

                –Buenos días. Les damos la bienvenida a los representantes de la Asociación Civil Huerta Buscando Espacio: Mario Maneyro, Sandra Liberó y José Durquet.

SEÑOR MANEYRO.- Gracias a toda la comisión por recibirnos y permitirnos dar a conocer nuestra ONG.

Estamos representando al taller protegido Huerta Buscando Espacio de Colonia del Sacramento. Se trata de una institución que abre sus puertas de forma gratuita a personas de mayores de 14 años con discapacidad, las cuales no tienen contemplado un centro público que realice las funciones sociales, de aprendizaje y de esparcimiento, que esa población necesita.

                Soy el actual presidente de la comisión directiva y me acompañan la señora Soledad Liberó, vicepresidenta actual y presidenta anterior, así como el contador José Durquet que se sumó al grupo recientemente.

                La huerta –como nos gusta llamarla– fue creada en el año 2000 y va evolucionando año tras año, llegando a cobijar hoy a cincuenta jóvenes, que realizan diferentes talleres. En primer lugar, está el taller de huerta orgánica, que nos da el nombre, y después tienen psicomotricidad, artesanía en cuero, teatro, gastronomía, fútbol, gimnasia, panadería y diversas actividades deportivas y sociales.

Desde el inicio hemos funcionado en el horario de la tarde, aunque este año incorporamos el de la mañana para poder llegar a más personas que también querían sumarse al grupo. Nuestro contacto con las personas con discapacidad nos enfrenta a la realidad de jóvenes o adultos que van perdiendo a sus referentes familiares con el paso del tiempo y que, en muchos casos, quedan sin ningún tipo de amparo. Por eso, con estas actividades les enseñamos tareas y oficios que les permiten insertarse laboralmente y enfrentar el futuro.

La huerta es imprescindible para las personas que atendemos, para sus familias y para la comunidad en general. Recordemos que estos jóvenes no tienen edad para permanecer en instituciones públicas como la escuela, por lo que no existen otros lugares a los que puedan acercarse a trabajar. Para lograr esta atención contamos con un equipo de trabajadores de la educación especializados en la discapacidad, incluyendo asistentes sociales, maestros, psicólogos, fisioterapeutas y varios talleristas que han transformado el trabajo de las personas con discapacidad que participan en la huerta en una referencia para el encuentro a nivel social también con otras instituciones, dentro y fuera del departamento. Los hemos podido acompañar en momentos difíciles, pero también de gran alegría. Tenemos muchos integrantes que han podido desarrollarse y han logrado cosas increíbles como fue la participación de algunos de los chicos en el mundial de futsal para personas con síndrome de down, en Perú.

                Desde el punto de vista formal, nuestra institución es una asociación civil sin fines de lucro, administrada por una comisión directiva honoraria de siete miembros; cuenta con personería jurídica y se sustenta en parte a través de pensiones especiales que el Banco de Previsión Social brinda a cada uno de los jóvenes. Nuestros gastos, en general, son mayores a los aportes que nos brinda el Banco de Previsión Social, por lo tanto, siempre tenemos que recurrir a la solidaridad de la comunidad y a un grupo que nos apoya para conseguir eventos y actividades con el fin de recaudar dinero.

                En estos veintidós años de existencia, el trabajo constante nos ha convertido en referentes en el tema de la inclusión y también nos permitió generar experiencias de trabajo con muchas instituciones que nos controlan. Además, del BPS y el Parlamento nacional nos están brindando mucha ayuda, así como muchas otras instituciones con las que hemos hecho convenios a lo largo de los años. Por eso, consideramos que ser incluidos como entidad beneficiaria del régimen de donaciones especiales de IRAE, facilitará que empresas privadas de la zona nos den mayor apoyo y nos permitan sostener la obra para apuntar a crecer en población y en servicios.

                Esperamos haber podido trasmitir la importancia de la huerta para la comunidad y la necesidad de poder contar con todas las herramientas posibles para conseguir recursos. Esta es un poco la historia que avala la seriedad de la institución a lo largo de los años.

                Muchas gracias; quedamos a la espera de sus preguntas.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, presidenta. Damos la bienvenida a la institución y les pedimos disculpas por las demoras ocasionadas.

                En primer lugar, los felicitamos por su trabajo; sabemos que tienen un compromiso muy importante con las personas que lo necesitan. A su vez, el hecho de que sean del interior, normalmente, genera, por un lado, más contención de la comunidad –porque en el interior toda la gente se conoce más–, pero, por otro, mayor dificultad para el acceso de apoyos porque están más lejos de la capital.

                Vamos a analizar la propuesta que nos están haciendo; entendemos que va por el lado de las donaciones o de los subsidios; de todas maneras, me gustaría que nos lo aclaren.     

                En los próximos días se va a analizar aquí cuál va a ser el destino de las solicitudes de organizaciones como la de ustedes. Ojalá se logre hacerlo en esta oportunidad. Reitero: ojalá sea posible; vamos a hacer el esfuerzo para lograrlo. De todas maneras, si no fuera así, igual quedan como antecedente para otras oportunidades.

                Insisto en que nos parece muy seria, sucinta y concreta la exposición que se ha hecho. Si después hacen llegar a la comisión, por vía electrónica, material o lo que fuera para su análisis, vamos a estar agradecidos.

                Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- De mi parte, quisiera preguntarles si hicieron esta presentación en la Cámara de Representantes y si tienen conocimiento de que se hayan incorporado. Yo me tendría que fijar en el material que tenemos. Como dijeron que ya habían recibido ayuda de este Parlamento, quisiera que se clarificara eso, si es posible.

SEÑOR MANEYRO.- Primero, gracias por las palabras del señor senador Mahía. Es exactamente así: el hecho de estar en el interior tiene la ventaja de estar mucho más cerca de la comunidad y la desventaja de que, a veces, es más difícil acceder a algunos recursos.

                En este caso, nosotros contamos ya con un subsidio del Parlamento. A lo que venimos hoy es a solicitar ser incluidos en la lista de donaciones dentro del marco del IRAE, que nos permitiría acceder a que las empresas privadas nos puedan donar. Por eso hablábamos de usar todas las herramientas disponibles para conseguir recursos.

                Ya tenemos del lado del Parlamento una ayuda de $ 240.000 por año, y queremos acceder a recibir donaciones exentas de IRAE.

                En cuanto a lo que preguntaba la señora presidenta, no hemos estado con los diputados. Si hay que hacerlo, por supuesto, pediremos audiencia.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tengo un dato que darles, porque recién vino una funcionaria a aclarármelo. En caso de aceptarse el que sean considerados para las donaciones hace perder el subsidio que ustedes tienen actualmente. Lo digo para clarificar porque me parece que es muy importante.

SEÑOR LIBEROFF.- Buenos días.

                Gracias por la información. Comparto las palabras del señor senador Mahía.

                Quería hacer dos o tres preguntas muy concretas a los efectos de ubicar mi posición, más allá del apoyo y de la aclaración que acaba de formular la presidenta de la comisión, que me parece interesante.

                Primero, consulto si están recibiendo apoyo de la intendencia de vuestro departamento.             Segundo, ¿de qué otro organismo del Estado tienen algún tipo de respaldo –si lo hay–  para la huerta como tal?

                A partir de eso también pueden surgir algunas sugerencias, como hemos tenido en otros casos. Algunos de los ministerios pueden encontrar con ustedes un camino de cooperación como, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por el lado del desarrollo rural en lo que tiene que ver con el interior. Eso depende de lo que ustedes me contesten a los efectos de tener posibilidades de realizar alguna sugerencia.

                Agradezco la información una vez más.

SEÑOR MANEYRO.- Con respecto a  la pregunta específica de la intendencia, nosotros tenemos muy buena relación con todos los organismos; es una de las ventajas de estar en el interior. En cuanto a la ayuda específica, recibimos ayuda para el transporte de los chicos, dado que algunos de ellos no tienen posibilidad de transportarse hacia la huerta. Nos dan alrededor de $ 26.000 que cubre una parte, no el total del costo de la camioneta que lleva a algunos de los chicos. Esa es la ayuda constante que tenemos de la intendencia.

                También trabajamos de cerca con el Mides, sobre todo. No tenemos un apoyo económico concreto, sino que se trata de coordinar acciones para actividades relacionadas con la inclusión y la discapacidad.

                Creo que nos podría venir muy bien si algún ministerio u otra área nos apoyaran.

SEÑORA PRESIDENTA.- Con respecto al tema de si están recibiendo subsidio no se les debería dar la donación para que no lo perdieran, sería bueno conocer su opinión.

SEÑOR DURQUET.- Ante todo, muchísimas gracias por darnos audiencia y por las palabras que han tenido para con nosotros.

Simplemente quiero aclarar que el subsidio y este régimen de donaciones especiales, cuya inclusión hemos venido a solicitarles como entidad beneficiaria, son excluyentes. Nosotros no teníamos claro que fuera así; por lo tanto, deberíamos valorarlo a los efectos de poder confirmar si efectivamente podríamos transitar el camino de dejar de lado el subsidio para ser incluidos en esta lista. 

Pedimos disculpas por ello, pero no teníamos claro que estas dos situaciones fueran excluyentes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos un poco cortos de tiempo, pero entre lunes o martes tendrían que resolver el tema.

SEÑOR DURQUET.- Después de finalizada la audiencia conversaremos sobre esto y les haremos llegar por mail a la secretaría de la comisión la respuesta con relación a este tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Realmente, la labor que están realizando es muy importante en esa área que es tan vital, más aún en un lugar del interior.

Les agradecemos la presencia en el día de hoy.

(Se da por finalizada la conexión vía Zoom con los representantes de la

Asociación Civil Huerta Buscando Espacio).

(Se inicia la conexión vía Zoom con los representantes del

Centro Esperanza, de Ombúes de Lavalle).

–Buenos días. Ha asistido una delegación muy grande, que no voy a presentar, pero les pedimos que a la hora de hacer uso de la palabra se identifiquen para una correcta toma de la versión taquigráfica.

SEÑORA COSTÁBILE.- Soy licenciada en Psicología y estoy a cargo del Centro Esperanza, de Ombúes de Lavalle.

La idea es que también haga uso de la palabra el señor Andrés Lazo, porque hace más años que está en el centro y podría referirse a sus inicios.

SEÑOR LAZO.- Buenos días.

Soy fisioterapeuta y hace veinticuatro años que trabajo en el Centro Esperanza, que se formó en  1994 por una necesidad de trabajar en el área psicosocial en Ombúes de Lavalle. En ese momento no existía ningún centro en la localidad, y por una inquietud de las señoras Gabriela Beramendi y Laura (no se escucha el apellido por Zoom) , surgió la idea de formar algo en ese lugar. Empezaron a trabajar juntas en una salita muy chiquita; de a poco comenzó a crecer y aparecieron nuevas inquietudes y nuevos desafíos. Así se empezó a sumar gente: comencé a trabajar yo, luego psicomotricidad, psicología, los talleres de carpintería y de cocina, la fonoaudióloga y la maestra especializada. De a poco, empezamos a funcionar en la localidad y hoy ya hace veinticuatro años que estamos acá.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sería importante saber a qué población atienden.

SEÑORA COSTÁBILE.- En sus inicios, el centro empezó atendiendo a personas con discapacidad y, el año pasado, junto con la compañera Gabriela Beramendi, decidimos abrir el centro a todo el público. Había una demanda por parte de la escuela, y muchas madres  llevaban a sus hijos al centro y así se empezó a correr la voz de que en el centro había atención de psicomotricistas, psicólogos y fisioterapeutas. Entonces, se decidió abrir a todo público y la población va desde los 3 a 60 años. Cuando ingresa una persona al centro se le hace una evaluación multidisciplinaria y dependiendo de los resultados se verá a qué taller o que atención recibirá.

SEÑOR LAZO.- En este momento estamos atendiendo, aproximadamente, a 30 personas.

SEÑORA GEYMONAT.- Soy vocal de la comisión de apoyo a este centro.

                La idea de sumarnos a la lista para ser posibles acreedores de este beneficio es porque, realmente, para financiarnos tenemos el apoyo que brinda el BPS para algunos niños, pero no a todos, y la localidad es bastante chica como para seguir haciendo pequeños beneficios porque siempre estamos pidiendo a las mismas personas o a los mismos comercios. Entonces, dijimos que esta era una posibilidad para poder trabajar un poco más tranquilos, para mantener el centro, ampliar las horas de trabajo y la plantilla de profesionales que es muy importante. Por eso queremos ver si podemos acceder a este beneficio.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Se refiere al beneficio de las donaciones?

SEÑORA GEYMONAT.- Sí, al beneficio de las donaciones, que es por lo que pedimos la audiencia con ustedes para ver si podemos acceder a ellas, si el centro está dentro de esa posibilidad.

SEÑORA DAVYT.- Soy secretaria de la comisión directiva.

Esta es una institución sin fines de lucro y lo que nosotros quisiéramos, como recién dijo mi compañera Julia Geymonat, es poder acceder al beneficio de que alguna empresa nos apoye, a través de esas donaciones. En realidad, se atienden más personas de lo que se cobra, por lo que hay un déficit mensual. Además, el centro necesita reparaciones a nivel edilicio y demás, tales como el taller de carpintería, y no podemos seguir pidiéndole al pueblo, más allá de que siempre colabora de muy buena fe y con gusto, por eso tratamos de buscar otras alternativas como este pedido de reunión con los señores senadores. Queremos saber si el Centro Esperanza Ombúes de Lavalle, que es el nombre correcto de la asociación civil, puede llegar a acceder a este beneficio. No sé si queda claro el motivo: siempre tenemos un déficit.

Inclusive, se podría ampliar el horario y demás, pero no podemos seguir manteniendo toda la plantilla y, a su vez, tener más profesionales que atiendan porque, en definitiva, todos los meses tenemos déficits.

SEÑOR MAHÍA.- En primer lugar, les agradezco el tiempo y la espera.

Nosotros escuchamos con atención lo que ustedes han señalado, más allá de las dificultades tecnológicas que tuvimos. Valoramos mucho el esfuerzo, tratándose de una localidad, Ombúes de Lavalle –estuve revisando los datos del censo en mi celular–, de cerca de 4.000 habitantes. El universo de personas que ustedes atienden en la ONG es realmente significativo con respecto a la población. Además, al ser una población del interior –como le transmití hace un rato a otra delegación del departamento, a la asociación civil Huerta, que estuvo exponiendo en la comisión– y al estar en una localidad pequeña del país, les da cercanía y contención. Uno siempre dice que en el interior todo el mundo se conoce, más aún en una localidad pequeña, y eso mejora los niveles de contención. Asimismo, entendemos las dificultades que implica estar lejos de la capital y la necesidad de sostener las actividades, más allá de los beneficios que se obtienen y del esfuerzo que se hace semanal o mensualmente a través de donaciones, festivales, etcétera; eso es lo habitual que uno ve y conoce de este tipo de emprendimientos. Nosotros vamos a analizar la propuesta; sepan que ustedes se suman a una serie de organizaciones que también atienden temas muy importantes. Estimo que la semana que viene tendrán una devolución de la comisión en cuanto a la posibilidad o no –ojalá que sí– de acceder a la propuesta y a la solicitud que ustedes hacen.

 Gracias por el tiempo y felicitaciones por el trabajo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero saber si ustedes hicieron esta presentación en la Cámara de Representantes o si es la primera vez que concurren a este tipo de instancias.

SEÑORA DAVYT.- Es la primera vez que concurrimos a este tipo de instancias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no quieren agregar algo más, les agradecemos.

SEÑORA DAVYT.- Estamos muy agradecidos por habernos atendido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias a ustedes por la labor que realizan; sabemos que tiene muchas dificultades, pero que hay mucha gente con ganas de dar su tiempo y su energía voluntariamente.

Se levanta la sesión.

(Son las 12:10).

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